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Salamanca: “Agricultores y ganaderos pierden poder adquisitivo por incongruencias de la Administración con la PAC”

Asaja considera que las consecuencias de la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos en Salamanca evidencian “que Europa no comprende los conceptos de Ganadería Extensiva y Dehesa y que la Junta de Castilla y León tampoco los entiende ni los defiende”

Asaja Salamanca lamenta que “una vez más” los agricultores y ganaderos de la provincia vuelvan a perder poder adquisitivo “por las incongruencias de la Administración en la gestión de la PAC”. Para la organización “es incomprensible que tras varios años planificando en los despachos la reforma de las ayudas europeas, ahora los profesionales del campo pierdan dinero manteniendo exactamente la misma explotación que el año pasado”.

Denuncia la organización que en el segundo año de solicitud de las ayudas de la PAC tras la reforma, los agricultores y ganaderos de Salamanca “se están encontrando con la desagradable sorpresa que, pese a mantener exactamente la misma explotación que el año pasado, ahora tienen problemas para poder cubrir los Derechos de Pago Básico que la propia Administración le ha adjudicado en base a los datos del 2015”. Esa dificultad se traduce en una pérdida económica, como consecuencia del “extraño” interés que tiene la Administración por cambiar cada año de manera unilateral la ‘foto’ de las explotaciones.

Asaja no oculta su enfado ante el entusiasmo que tiene la Junta de Castilla y León en cambiar el escenario de las explotaciones agroganaderas de Salamanca “para perjudicar a los profesionales del campo en las ayudas PAC, frente al nulo interés que pone en hacer efectivas otras medidas, como las que demandan los ganaderos en su lucha contra el lobo o para solucionar la supervivencia de los productores de leche”.

“La consecuencia de la arbitrariedad con la que actúa la Administración conlleva que los agricultores y ganaderos perciban cada año menos dinero, y que Castilla y León continúe empobreciéndose, porque la realidad es que ese dinero que dejan de percibir los profesionales del campo no llega a la Comunidad, ni circula por ella, ni se destina a otras acciones que beneficien a los ciudadanos de Castilla y León”, añade Asaja, para quienes “simplemente se pierde como consecuencia de decisiones políticas contrarias a los intereses del sector primario, principal motor económico de la Comunidad”.

Por otra parte, Asaja considera “una contradicción absurda” el método utilizado para el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP). Si el objetivo de la reforma de la PAC era hacerla una política más verde, la aplicación del CAP “está consiguiendo lo contrario”. Los profesionales, “hartos de que la Administración les hurte ayudas”, critica Asaja, “están limpiando todos los montes, eliminando carrascos, pequeños robledales y diferentes árboles, que estaban llamados a ser el futuro de la dehesa, para intentar mantener las hectáreas de pasto que necesitan”. “El CAP en Castilla y León sólo ha servido para que los ganaderos pierdan poder adquisitivo y acabar con el ecosistema de la dehesa, un sistema único en el mundo, que la Administración quiere matar”, apostillan.

A juicio de Asaja, las consecuencias de la aplicación del CAP en Salamanca evidencian “que Europa no comprende los conceptos de Ganadería Extensiva y Dehesa y que la Junta de Castilla y León tampoco los entiende ni los defiende”.

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